Diversidad

Con los actuales baremos la legislación sólo beneficiaría a 3.300 personas en la Comunitat
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Cerca de 30.000 personas con discapacidad intelectual viven en la Comunitat Valenciana y de ellas, 27.000, podrían quedar fuera de la Ley de Dependencia si no se modifica el baremo que utilizará el Gobierno para determinar qué personas serán dependientes y en qué grado, según datos facilitados por la Federación de asociaciones en favor de las personas con discapacidad intelectual de la Comunidad Valenciana, Feaps.
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Según esta Federación, tal y como está planteada en la actualidad la ley, «sólo se beneficiarían de la cobertura de este sistema en la Comunitat unas 3.300 personas». Pese a que esta entidad considera que en líneas generales se trata de un buen proyecto, los baremos utilizados «atienden fundamentalmente a las limitaciones físicas y de movilidad, pero no a otras variables que hacen que las personas con discapacidad precisen de apoyos para poder desarrollar sus vidas de una manera autónoma». Con todo, y tras mantener intensos contactos con los principales grupos parlamentarios, desde esta entidad se muestran esperanzados de que con la llegada esta semana de la ley al Senado se incorporen aspectos «como la plena y explícita inclusión de las personas con discapacidad intelectual». Para ello, es necesario «que se amplíe la definición de dependencia que incluya la necesidad de apoyos para tener autonomía personal». En este sentido, para la presidenta de Feaps CV, Pepa Balaguer, la Ley de Dependencia está mucho más encaminada «hacia la dependencia que hacia la promoción de la autonomía personal, aspecto primordial para el mundo de la discapacidad en general y de la discapacidad intelectual en concreto».
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Llegada de la ley al Senado
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El proyecto de ley de Dependencia iniciará esta semana su andadura en el Senado con los tres vetos planteados por Eusko Alkartasuna, PNV y CiU, por invadir competencias autonómicas, y las casi 260 enmiendas parciales presentadas por el resto de los grupos parlamentarios. Muchas de estas enmiendas subrayan precisamente la necesidad de que la nueva legislación -que está prevista entre en vigor el próximo 1 de enero- incorpore de forma mucho más explícita a las personas con discapacidad intelectual o mental. Del conjunto de enmiendas parciales registradas en el Senado, 51 corresponden al Partido Popular, doce al PSOE, 79 a CiU, cuatro a Entesa, 66 a PNV, cinco a Coalición Canaria y 43 al Grupo Mixto.
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Para leer el artículo publicado en Levante-emv del 13/11/2006 pinchar aquí