Fundación Anade convoca su III Premio Internacional de Fotografía sobre Discapacidad
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Maribel González / Madrid- 22/05/2008 (Solidaridad Digital)
La Fundación Anade ha convocado su III Premio Internacional de Fotografía sobre la Discapacidad, un certamen que pretende ayudar a visualizar la realidad del colectivo de personas con discapacidad psíquica, física, o sensorial.
"Convocando este premio, intentamos dar a conocer a la sociedad en general las situaciones cotidianas de estas personas", informó hoy la citada fundación en un comunicado.
Y para divulgar las situaciones cotidianas de las personas con discapacidad, el certamen quiere reflejar momentos felices, dramáticos, situaciones peculiares, retratos, obstáculos urbanos que dificultan la movilidad de estas personas, rostros de alegría y cualquier instante en la vida de este colectivo.
El tema del concurso es libre y las fotografías se expondrán tal y como se reciban, según indican las bases del certamen.
Los interesados en participar en este concurso pueden enviar sus trabajos a Fundación Anade antes del 13 de noviembre de este año.
PREMIOS
La Fundación Anade concederá un primer premio de 1.000 euros más una placa; un segundo consistente en 500 euros y en un diploma, y un galardón "a la fotografía más humanitaria", premiado con 300 euros y con un diploma.
Ninguno de estos premios podrá declararse desierto y se entregarán en un acto que se desarrollará en Lugo tras el fallo del jurado, que será en diciembre de este año.
La Fundación Anade ha convocado su III Premio Internacional de Fotografía sobre la Discapacidad, un certamen que pretende ayudar a visualizar la realidad del colectivo de personas con discapacidad psíquica, física, o sensorial.
"Convocando este premio, intentamos dar a conocer a la sociedad en general las situaciones cotidianas de estas personas", informó hoy la citada fundación en un comunicado.
Y para divulgar las situaciones cotidianas de las personas con discapacidad, el certamen quiere reflejar momentos felices, dramáticos, situaciones peculiares, retratos, obstáculos urbanos que dificultan la movilidad de estas personas, rostros de alegría y cualquier instante en la vida de este colectivo.
El tema del concurso es libre y las fotografías se expondrán tal y como se reciban, según indican las bases del certamen.
Los interesados en participar en este concurso pueden enviar sus trabajos a Fundación Anade antes del 13 de noviembre de este año.
PREMIOS
La Fundación Anade concederá un primer premio de 1.000 euros más una placa; un segundo consistente en 500 euros y en un diploma, y un galardón "a la fotografía más humanitaria", premiado con 300 euros y con un diploma.
Ninguno de estos premios podrá declararse desierto y se entregarán en un acto que se desarrollará en Lugo tras el fallo del jurado, que será en diciembre de este año.
Fundación Mapfre convoca las becas de formación profesional, presencial y "on line" para discapacitados
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Susana Brunel / Madrid- 21/05/2008 (Solidaridad Digital)
La Fundación Mapfre anunció hoy la 32ª Convocatoria de las Becas de Formación Profesional, Presencial y "On line" dirigidas a personas con discapacidad.
El objetivo de estas becas, que concede la Fundación Mapfre a través de su Instituto de Acción Social, es ofrecer una oportunidad de mejorar la formación del colectivo de personas con discapacidad y crear así un puente para su integración laboral.
Según informó hoy la entidad, se concederán 35 becas de formación profesional para personas con discapacidad física superior al 33%, otras 20 dirigidas a personas sordas, y dos más de colaboración en el GIAT.
Asimismo, la Fundación Mapfre ofrecerá 21 becas más de formación para personas con discapacidad que puedan desenvolverse en el manejo de los recursos informáticos y que deseen adquirir conocimientos en el ámbito asegurador, iniciación a la peritación y prevención de riesgos, entre otros.
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Mapfre también convoca el premio "Superando Barreras", que con una dotación de 15.000 €, está destinado a premiar a la persona o institución que más haya contribuido a la superación de barreras para la integración de las personas con discapacidad. Leer noticia en medio original
La Fundación Mapfre anunció hoy la 32ª Convocatoria de las Becas de Formación Profesional, Presencial y "On line" dirigidas a personas con discapacidad.
El objetivo de estas becas, que concede la Fundación Mapfre a través de su Instituto de Acción Social, es ofrecer una oportunidad de mejorar la formación del colectivo de personas con discapacidad y crear así un puente para su integración laboral.
Según informó hoy la entidad, se concederán 35 becas de formación profesional para personas con discapacidad física superior al 33%, otras 20 dirigidas a personas sordas, y dos más de colaboración en el GIAT.
Asimismo, la Fundación Mapfre ofrecerá 21 becas más de formación para personas con discapacidad que puedan desenvolverse en el manejo de los recursos informáticos y que deseen adquirir conocimientos en el ámbito asegurador, iniciación a la peritación y prevención de riesgos, entre otros.
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Mapfre también convoca el premio "Superando Barreras", que con una dotación de 15.000 €, está destinado a premiar a la persona o institución que más haya contribuido a la superación de barreras para la integración de las personas con discapacidad. Leer noticia en medio original
RSC. Los trabajadores discapacitados son más productivos y más fieles a su empresa que la media de la población
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Ana Gómez / Madrid- 22/05/2008 (Solidaridad Digital)
El director de Recursos Humanos del Grupo Vips, Miguel Ángel García, afirmó hoy durante un desayuno informativo en Solidaridad Digital que las personas con discapacidad y aquellas pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión (mayores de 45 años, víctimas de violencia de género...) "son más productivas y más fieles a la empresa que la media de la población".
Este encuentro se enmarca dentro del Programa Operativo "Lucha contra la discriminación" que desarrolla Fundación ONCE con el objetivo de fomentar la integración laboral de las personas con discapacidad.
García advirtió que "en el Grupo Vips tenemos dificultades para cubrir puestos de trabajo con personas procedentes de colectivos de exclusión", por falta de candidatos, un fenómeno que se repite para el conjunto de la población española. Según el directivo, "la caída de la natalidad, el mayor nivel formativo y la escasa movilidad del mercado español son los responsables de esta situación"
TRABAS ADMINISTRATIVAS
Casi 8.000 nuevos empleados que el grupo ha contratado durante la última década, 7.000 nacieron fuera de España. En este sentido, García protestó por la tasa de 242 euros que es obligatorio pagar para contratar trabajadores en origen. "Es una medida de los años 50, cuando nuestro mercado era proteccionista ", explicó, "pero ahora somos un país importador y esto no tiene lógica", concluyó García.
Asimismo, el director lamentó el hecho de que, una vez cumplida sus penas, las personas en tercer grado que trabajan en el Grupo mediante programas de inserción deben abandonar el país por ley, cuando precisamente "es el colectivo que más se interesa por los puestos de trabajo que ofrece la compañía".
FINANZAS Y RRHH
El Programa Operativo "Lucha contra la discriminación" desarrolla durante estas fechas dos másters de Finanzas y Recursos Humanos en los que participará el Instituto de Empresa y Esade.
Dichos cursos son de carácter gratuito y cuentan con la colaboración de PriceWaterHouseCoopers, Banco Santander, Barclays, BBVA, Carrefour, MRW, Grupo Leche Pascual, Banco Popular, Siemens, Telefónica, Grupo VIPS, Repsol y Bankinter.
En concreto, el Grupo Vips participará en algunas sesiones formativas y ofrecerá seis becas para que los alumnos adquieran experiencia práctica en sus oficinas. Leer noticia en medio original
El director de Recursos Humanos del Grupo Vips, Miguel Ángel García, afirmó hoy durante un desayuno informativo en Solidaridad Digital que las personas con discapacidad y aquellas pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión (mayores de 45 años, víctimas de violencia de género...) "son más productivas y más fieles a la empresa que la media de la población".
Este encuentro se enmarca dentro del Programa Operativo "Lucha contra la discriminación" que desarrolla Fundación ONCE con el objetivo de fomentar la integración laboral de las personas con discapacidad.
García advirtió que "en el Grupo Vips tenemos dificultades para cubrir puestos de trabajo con personas procedentes de colectivos de exclusión", por falta de candidatos, un fenómeno que se repite para el conjunto de la población española. Según el directivo, "la caída de la natalidad, el mayor nivel formativo y la escasa movilidad del mercado español son los responsables de esta situación"
TRABAS ADMINISTRATIVAS
Casi 8.000 nuevos empleados que el grupo ha contratado durante la última década, 7.000 nacieron fuera de España. En este sentido, García protestó por la tasa de 242 euros que es obligatorio pagar para contratar trabajadores en origen. "Es una medida de los años 50, cuando nuestro mercado era proteccionista ", explicó, "pero ahora somos un país importador y esto no tiene lógica", concluyó García.
Asimismo, el director lamentó el hecho de que, una vez cumplida sus penas, las personas en tercer grado que trabajan en el Grupo mediante programas de inserción deben abandonar el país por ley, cuando precisamente "es el colectivo que más se interesa por los puestos de trabajo que ofrece la compañía".
FINANZAS Y RRHH
El Programa Operativo "Lucha contra la discriminación" desarrolla durante estas fechas dos másters de Finanzas y Recursos Humanos en los que participará el Instituto de Empresa y Esade.
Dichos cursos son de carácter gratuito y cuentan con la colaboración de PriceWaterHouseCoopers, Banco Santander, Barclays, BBVA, Carrefour, MRW, Grupo Leche Pascual, Banco Popular, Siemens, Telefónica, Grupo VIPS, Repsol y Bankinter.
En concreto, el Grupo Vips participará en algunas sesiones formativas y ofrecerá seis becas para que los alumnos adquieran experiencia práctica en sus oficinas. Leer noticia en medio original
El 37% de los discapacitados contratados realiza trabajos de oficina
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Algunas empresas de más de 50 trabajadores afirman no emplear minusválidos por desconocer la ley
R. Correro / BARCELONA (cincodias.com; 17-05-2008)
La persona que tenemos en recepción es una chica con la que estamos encantados porque funciona, además es educada y agradable a la hora de hablar'. La chica a la que el empresario se refiere tiene un grado de discapacidad del 65%, debido a una esclerosis múltiple. Esta es una de las experiencias y opiniones que recoge el estudio Perspectivas del mundo empresarial respecto a la contratación de personas con discapacidad, elaborado por las fundaciones de la ONCE y de Manpower. Una de las conclusiones del informe es que los empresarios que no han contratado nunca a personas con minusvalía muestran algunas dudas con respecto al rendimiento laboral del colectivo. Sin embargo, las experiencias reales con trabajadores con discapacidad contribuyen de manera significativa a mejorar la opinión sobre el colectivo.
En cualquier caso, la contratación de personas con algún grado de minusvalía sigue siendo en España una asignatura pendiente. Según los últimos datos disponibles, si para la población general la tasa de actividad supera el 70%, para las personas con alguna discapacidad la cifra se reduce al 33,7%. A la vez, el porcentaje de desempleados sobre activos era, entre los minusválidos, de un 15,3%, mientras que en el conjunto de la población la cifra era inferior en más de cinco puntos.
La Ley de Integración Social y Laboral de Minusválidos establece que las empresas públicas y privadas de más de 50 trabajadores están obligadas a emplear un número de discapacitados no inferior al 2% de la plantilla. Así, el 62,2% de las compañías españolas de este tamaño esgrimen el cumplir con la ley como la motivación más importante a la hora de contratar un trabajador discapacitado. Un 21,4% aduce también las ventajas económicas y fiscales que comporta su incorporación a la plantilla. La ley establece una bonificación de la cuota que debe pagar el empresario del 90% cuando se trata de trabajadores mayores de 45 años y del 70% para los menores de esa edad. Si se trata de una mujer, la bonificación se eleva al 100% para las mayores de 45 años y al 90% para las menores. La normativa incluye también una subvención de 3.906 euros al comienzo del contrato.
El informe revela también que existe en algunos casos una desinformación sobre la obligatoriedad legal de contratación de discapacitados. Concretamente, el estudio hace referencia a algunas empresas de más de 50 trabajadores que nunca han incorporado personas minusválidas y que dicen no haberlo hecho por desconocimiento de la Ley de Integración. También se da el caso de aquellas que, aun conociéndola, no la cumplen porque consideran que es 'muy difícil que llegue a darse la sanción por parte de la Administración'.
En este sentido, el 26,5% de las empresas (sin tener en cuenta el tamaño) que no tienen ningún empleado de este tipo dice desconocer la obligación de contratación de minusválidos.
Una vez analizada la situación, el informe concluye que la ley no ha generado la necesidad de contratar empleados con discapacidad, debido, sobre todo, a la ligereza por parte de la Administración en la vigilancia de su cumplimiento. Así, los responsables de los departamentos de recursos humanos de las grandes empresas reconocen que las posibilidades de que sufran una inspección de trabajo en la que se penalice el incumplimiento de la cuota son muy reducidas. 'Aunque la ley ha generado un marco legal favorable para la integración del colectivo, no se ha producido en paralelo una concienciación real de las compañías', argumenta el estudio, 'bien mediante la generación de una cultura adecuada para la integración, bien mediante las medidas de carácter más restrictivo con el cumplimiento de la ley'.
En cuanto al tipo de empleo que desempeñan habitualmente los trabajadores discapacitados, datos de 2006 revelan que la mayoría (un 37,7%) fue contratada para realizar trabajos de oficina. El 31,8% lo fue para desempeñar empleos no cualificados, mientras que en tercer lugar aparece la categoría de trabajadores de servicio y comercio, con un 17,7% de los minusválidos realizando tareas que se agrupan bajo ese epígrafe.
El estudio ha sido realizado con encuestas a 1.503 empresas españolas y después se ha profundizado en sus opiniones con la realización de 12 grupos de trabajo.
LAS CIFRAS
70% es el porcentaje de empleados discapacitados que se dedica a empleos de oficina o no cualificados.
28% de empresarios aduce motivaciones económicas a la hora de argumentar la contratación de un minusválido.
38.500 empresas españolas con más de 50 empleados, que deben incorporar al menos un 2% de trabajadores discapacitados.
70% 28%38.500Un incumplimiento muy denunciado
Un informe de la fundación Equipara revela que Canarias es la comunidad autónoma donde menos se cumple la normativa, con un 6% de las empresas de más de 50 trabajadores que cumplen con la obligación de contratar un 2% de discapacitados. En segundo lugar del ranking de las comunidades menos cumplidoras con la Ley de Integración Social y Laboral de Minusválidos se encuentran Extremadura y Madrid, donde el porcentaje de compañías que cumplen es del 8%. Murcia es la que más lo cumple, con un 40%. Según el citado informe en España hay unas 35.800 empresas de más de 50 empleados.
El 98% de las empresas leridanas con más de 50 trabajadores no contratan personas discapacitadas, a pesar de que legalmente están obligadas a ello, según ha denunciado en varias ocasiones la Aspid (Asociación de Parapléjicos y Discapacitados de Lérida).
La entidad ha analizado a 168 empresas de Lérida. Aunque la normativa establece que estas empresas deben contar al menos con un 2% de discapacitados en sus plantillas, el 80% reconocen explícitamente que no cumplen la ley. 'Las inspecciones de trabajo son anecdóticas y las sanciones económicas, ridículas', según Josep Giralt, presidente de Aspid.
Más información sobre la noticia:
- Informe Equipara 2008 Leer noticia en medio original
UGT denuncia la situación de "abandono" del Ivadis por parte del Consell
0 Comments Publicado por Jose el 13.5.08 a las 9:32:00 a. m..
La Federación de Servicios Públicos de la UGT (FSP-UGT) denunció este lunes la situación económica del Instituto Valenciano de Atención a Discapacitados (Ivadis), organismo público de la Generalitat que, según el sindicato, "acumula un déficit desde hace 3 años que está llevando a no abonar las facturas de los proveedores y a no sustituir al personal que presta sus servicios atendiendo a discapacitados psíquicos severos y profundos".
PANORAMA-ACTUAL - 12/05/2008 19:44 h.
En este sentido, lamentaron "la falta de pago a los proveedores", que a que estos se nieguen a servir los pedidos necesarios para atender las necesidades básicas de los usuarios de los centros, de modo que "falta material para el aseo personal de los discapacitados así como está faltando ya cosas tan básicas como bolsas de basura y otro tipo de material para realizar la limpieza de las residencias", según informaron en un comunicado fuentes sindicales.
Así, en las residencias del Ivadis "se acumulan materiales que deberían de estar en desuso, debido a la falta de inversión en renovación de materiales que existe al carecer de presupuesto suficiente. Las camillas están oxidadas, no existe material para la rehabilitación tanto física como mental de los usuarios discapacitados, y las actividades lúdicas se están reduciendo al carecer de dinero para su realización".
Además, "las camas en las que duermen los usuarios están en malas condiciones, con colchones, en algunos casos, de más de diez años, y sin la adecuación ergonómica para las discapacidades físicas que tienen", añadieron.
Por otro lado, desde UGT apuntaron también que "se está empezando a no sustituir al personal de atención directa, con lo que se está incrementado el número de usuarios que debe de atender cada trabajador y rebajando de esta manera la calidad en la atención". De hecho, a los trabajadores se les está pidiendo que cambien sus días libres y turnos para cubrir los mínimos necesarios, remarcaron.
Esta situación deriva de que desde hace 4 años la Conselleria de Bienestar Social incrementó el servicio que prestaba el Ivadis en los meses de verano y "no dotó presupuestariamente al organismo del dinero correspondiente para poder prestar este servicio". Además de que el IVADIS acoge en el mes de agosto y algunos fines de semana a usuarios de centros concertados, "sin abonar la cantidad necesaria para su mantenimiento", incidieron.
Por ello, desde el sindicato consideraron que "la Generalitat que preside Francisco Camps no está atendiendo las responsabilidad que tiene con los discapacitados psíquicos del Ivadis ni con sus trabajadores y prefiere gastar el dinero de este organismo público en construir circuitos, mientras se carece de cosas mínimas para seguir funcionando".
En opinión de UGT, "la situación del IVADIS se arreglaría si el presidente del Consell y el conseller de Bienestar Social asumiesen su responsabilidad y pagaran los servicios que exigen a esta entidad pública que preste sin dotarlos económicamente en vez de hacerse propagandas que cuestan mucho dinero a los ciudadanos para sus lucimientos personales.
Ante esta situación, la FSP-UGT instó a los altos cargos de esta administración a que "se hagan responsables" y "hagan más corto el circuito" urbano de Fórmula 1 "para que los discapacitados psíquicos de la Comunitat tengan cubiertas sus necesidades básicas sin necesidad de tener que mendigar el dinero que les corresponde". Leer noticia en medio original
PANORAMA-ACTUAL - 12/05/2008 19:44 h.
En este sentido, lamentaron "la falta de pago a los proveedores", que a que estos se nieguen a servir los pedidos necesarios para atender las necesidades básicas de los usuarios de los centros, de modo que "falta material para el aseo personal de los discapacitados así como está faltando ya cosas tan básicas como bolsas de basura y otro tipo de material para realizar la limpieza de las residencias", según informaron en un comunicado fuentes sindicales.
Así, en las residencias del Ivadis "se acumulan materiales que deberían de estar en desuso, debido a la falta de inversión en renovación de materiales que existe al carecer de presupuesto suficiente. Las camillas están oxidadas, no existe material para la rehabilitación tanto física como mental de los usuarios discapacitados, y las actividades lúdicas se están reduciendo al carecer de dinero para su realización".
Además, "las camas en las que duermen los usuarios están en malas condiciones, con colchones, en algunos casos, de más de diez años, y sin la adecuación ergonómica para las discapacidades físicas que tienen", añadieron.
Por otro lado, desde UGT apuntaron también que "se está empezando a no sustituir al personal de atención directa, con lo que se está incrementado el número de usuarios que debe de atender cada trabajador y rebajando de esta manera la calidad en la atención". De hecho, a los trabajadores se les está pidiendo que cambien sus días libres y turnos para cubrir los mínimos necesarios, remarcaron.
Esta situación deriva de que desde hace 4 años la Conselleria de Bienestar Social incrementó el servicio que prestaba el Ivadis en los meses de verano y "no dotó presupuestariamente al organismo del dinero correspondiente para poder prestar este servicio". Además de que el IVADIS acoge en el mes de agosto y algunos fines de semana a usuarios de centros concertados, "sin abonar la cantidad necesaria para su mantenimiento", incidieron.
Por ello, desde el sindicato consideraron que "la Generalitat que preside Francisco Camps no está atendiendo las responsabilidad que tiene con los discapacitados psíquicos del Ivadis ni con sus trabajadores y prefiere gastar el dinero de este organismo público en construir circuitos, mientras se carece de cosas mínimas para seguir funcionando".
En opinión de UGT, "la situación del IVADIS se arreglaría si el presidente del Consell y el conseller de Bienestar Social asumiesen su responsabilidad y pagaran los servicios que exigen a esta entidad pública que preste sin dotarlos económicamente en vez de hacerse propagandas que cuestan mucho dinero a los ciudadanos para sus lucimientos personales.
Ante esta situación, la FSP-UGT instó a los altos cargos de esta administración a que "se hagan responsables" y "hagan más corto el circuito" urbano de Fórmula 1 "para que los discapacitados psíquicos de la Comunitat tengan cubiertas sus necesidades básicas sin necesidad de tener que mendigar el dinero que les corresponde". Leer noticia en medio original
Productos de apoyo para personas con discapacidad (ISO 9999:2007)
0 Comments Publicado por Jose el 6.5.08 a las 11:06:00 a. m..
La UNE-EN ISO 9999:2007 sustituye a la UNE-EN ISO 9999:2003. Ver "RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2007, de la Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de septiembre de 2007" (BOE número 260, 30/10/2007).
TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Para los objetivos de esta norma internacional, se aplican los siguientes términos y definiciones.
3.1 actividad:
Realización de una tarea o acción por parte de un individuo.
[CIF 2001, OMS]
3.2 limitaciones en la actividad:
Dificultades que un individuo puede tener en el desempeño/realización de actividades.
[CIF 2001, OMS]
3.3 productos de apoyo:
Cualquier producto (incluyendo dispositivos, equipo, instrumentos, tecnología y software) fabricado especialmente o generalmente disponible en el mercado, para prevenir, compensar, controlar, mitigar o neutralizar deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación.
NOTA En esta edición el término” Productos de apoyo” reemplaza al término “Ayudas técnicas” usado en ediciones anteriores.
3.4 funciones corporales:
Funciones fisiológicas de los sistemas corporales (incluyendo las funciones psicológicas).
[CIF 2001, OMS]
3.5 estructuras corporales:
Partes anatómicas del cuerpo tales como los órganos, las extremidades y sus componentes.
[CIF 2001, OMS]
3.6 clasificación:
Sistema de conceptos o conjunto estructurado de conceptos establecidos conforme a sus relaciones mutuas, en el que cada concepto se determina por un código sistemático y por su posición dentro del sistema de conceptos.
3.7 clase:
Grupo de artículos similares, divididos de acuerdo a reglas establecidas o escogidas.
3.8 discapacidad:
Término genérico que incluye deficiencias, limitaciones en actividad y restricciones en la participación.
Indica los aspectos negativos de la interacción entre un individuo (con una condición de salud) y sus factores contextuales (factores ambientales y personales).
[CIF 2001, OMS]
3.9 factores ambientales:
Ambiente físico social y actitudinal en el que las personas viven y conducen sus vidas.
[CIF 2001, OMS]
3.10 funcionamiento:
Es un término genérico que incluye funciones corporales, estructuras corporales, actividades y participación, indicando los aspectos positivos de la interacción de un individuo con una "condición de salud" dada y los factores contextuales (ambientales y personales).
[CIF 2001, OMS]
Accede a la norma adoptada en Uruguay
TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Para los objetivos de esta norma internacional, se aplican los siguientes términos y definiciones.
3.1 actividad:
Realización de una tarea o acción por parte de un individuo.
[CIF 2001, OMS]
3.2 limitaciones en la actividad:
Dificultades que un individuo puede tener en el desempeño/realización de actividades.
[CIF 2001, OMS]
3.3 productos de apoyo:
Cualquier producto (incluyendo dispositivos, equipo, instrumentos, tecnología y software) fabricado especialmente o generalmente disponible en el mercado, para prevenir, compensar, controlar, mitigar o neutralizar deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación.
NOTA En esta edición el término” Productos de apoyo” reemplaza al término “Ayudas técnicas” usado en ediciones anteriores.
3.4 funciones corporales:
Funciones fisiológicas de los sistemas corporales (incluyendo las funciones psicológicas).
[CIF 2001, OMS]
3.5 estructuras corporales:
Partes anatómicas del cuerpo tales como los órganos, las extremidades y sus componentes.
[CIF 2001, OMS]
3.6 clasificación:
Sistema de conceptos o conjunto estructurado de conceptos establecidos conforme a sus relaciones mutuas, en el que cada concepto se determina por un código sistemático y por su posición dentro del sistema de conceptos.
3.7 clase:
Grupo de artículos similares, divididos de acuerdo a reglas establecidas o escogidas.
3.8 discapacidad:
Término genérico que incluye deficiencias, limitaciones en actividad y restricciones en la participación.
Indica los aspectos negativos de la interacción entre un individuo (con una condición de salud) y sus factores contextuales (factores ambientales y personales).
[CIF 2001, OMS]
3.9 factores ambientales:
Ambiente físico social y actitudinal en el que las personas viven y conducen sus vidas.
[CIF 2001, OMS]
3.10 funcionamiento:
Es un término genérico que incluye funciones corporales, estructuras corporales, actividades y participación, indicando los aspectos positivos de la interacción de un individuo con una "condición de salud" dada y los factores contextuales (ambientales y personales).
[CIF 2001, OMS]
Accede a la norma adoptada en Uruguay
La Síndica reprocha a Bienestar los retrasos en la tramitación de los expedientes de discapacidad
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La Síndica reclama a la conselleria que tome medidas para resolver las demoras de hasta once meses
Levante-EMV, Valencia
La Síndica de Greuges en funciones, Emilia Caballero, insiste en sus recomendaciones dirigidas a la Conselleria de Bienestar Social, en pedir a este departamento que extreme las medidas tendentes a "evitar dilaciones" en la tramitación de los certificados de discapacidad y los resuelva "en el menor tiempo posible", en todo caso, dentro de los seis meses siguientes a la presentación de la solicitud.
Según las últimas reclamaciones resueltas por la institución, los "retrasos" se prolongan hasta los diez y once meses, lo que supone una "vulneración" e "inobservancia" del ordenamiento jurídico. La síndica recuerda que la orden de la Conselleria de Bienestar Social por la que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía de la Comunitat establece que el plazo máximo para la resolución será de seis meses y se computará a partir de la fecha del acuerdo de iniciación comunicado al interesado.
Emilia Caballero se pronuncia de esta manera en tres resoluciones del pasado mes de enero, consultadas por Europa Press, sobre otras tantas quejas de ciudadanos por falta de respuesta de la Administración a la solicitud de la calificación del grado de discapacidad. La síndica remarca la "reiteración extrema" de sus recomendaciones y subraya que el incumplimiento de los plazos y la falta de cita y examen del interesado suponen la vulneración del ordenamiento jurídico. La institución remarca que si "la puerta de acceso a todas las políticas de apoyo a las personas discapacitadas, que es el reconocimiento de su grado no abre o lo hace después de mucho tiempo, aquellas actuaciones serán estériles".
También destaca que el "incumplimiento reiterado de los plazos para resolver los expedientes de valoración del grado de minusvalía ha sido objeto de múltiples recomendaciones dictadas a consecuencia de escritos de queja e incluso de oficio". La Síndica recuerda que la ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece que la observancia de los plazos es obligatoria y obliga a la adopción de las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto a sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anormalidad en la tramitación de los procedimientos.
Además, remarca que no es necesario "apurar los plazos máximos para resolver y notificar" y señala que, según el principio de eficacia que la Constitución española encomienda a las administraciones públicas, los plazos deben reducirse al mínimo, lo que, a su juicio, reitera la ley 30/1992, al señalar que las administraciones públicas se rigen en su actuación por los criterios de eficiencia y servicio a los ciudadanos. La resolución de la Síndica también cita la tabla de derechos que contiene el nuevo Estatuto de Autonomía de la Comunitat. Leer noticia en medio original
Levante-EMV, Valencia
La Síndica de Greuges en funciones, Emilia Caballero, insiste en sus recomendaciones dirigidas a la Conselleria de Bienestar Social, en pedir a este departamento que extreme las medidas tendentes a "evitar dilaciones" en la tramitación de los certificados de discapacidad y los resuelva "en el menor tiempo posible", en todo caso, dentro de los seis meses siguientes a la presentación de la solicitud.
Según las últimas reclamaciones resueltas por la institución, los "retrasos" se prolongan hasta los diez y once meses, lo que supone una "vulneración" e "inobservancia" del ordenamiento jurídico. La síndica recuerda que la orden de la Conselleria de Bienestar Social por la que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía de la Comunitat establece que el plazo máximo para la resolución será de seis meses y se computará a partir de la fecha del acuerdo de iniciación comunicado al interesado.
Emilia Caballero se pronuncia de esta manera en tres resoluciones del pasado mes de enero, consultadas por Europa Press, sobre otras tantas quejas de ciudadanos por falta de respuesta de la Administración a la solicitud de la calificación del grado de discapacidad. La síndica remarca la "reiteración extrema" de sus recomendaciones y subraya que el incumplimiento de los plazos y la falta de cita y examen del interesado suponen la vulneración del ordenamiento jurídico. La institución remarca que si "la puerta de acceso a todas las políticas de apoyo a las personas discapacitadas, que es el reconocimiento de su grado no abre o lo hace después de mucho tiempo, aquellas actuaciones serán estériles".
También destaca que el "incumplimiento reiterado de los plazos para resolver los expedientes de valoración del grado de minusvalía ha sido objeto de múltiples recomendaciones dictadas a consecuencia de escritos de queja e incluso de oficio". La Síndica recuerda que la ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece que la observancia de los plazos es obligatoria y obliga a la adopción de las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto a sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anormalidad en la tramitación de los procedimientos.
Además, remarca que no es necesario "apurar los plazos máximos para resolver y notificar" y señala que, según el principio de eficacia que la Constitución española encomienda a las administraciones públicas, los plazos deben reducirse al mínimo, lo que, a su juicio, reitera la ley 30/1992, al señalar que las administraciones públicas se rigen en su actuación por los criterios de eficiencia y servicio a los ciudadanos. La resolución de la Síndica también cita la tabla de derechos que contiene el nuevo Estatuto de Autonomía de la Comunitat. Leer noticia en medio original
CC. OO. denuncia varios despidos en la residencia de discapacitados psíquicos
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El sindicato se manifestará como protesta (30.04.08 - REDACCIÓN SAGUNTO)
El sindicato de CC.OO. ha denunciado los despidos de varias trabajadoras en la Residencia de discapacitados psíquicos Nuestros Hijos en La Pinaeta de Puerto. La formación organizará una manifestación en la Residencia, durante el día de hoy, en señal de protesta contra esta actuación.
Según ha declarado la organización, "esta empresa está llevando a cabo una política de recursos humanos de corte autoritario, intentando apagar drásticamente cualquier indicio de reclamación, reivindicación o simple sugerencia de carácter laboral".
Además han continuado denunciando el hecho de que todavía "persistan empresas como ésta que tratan de impedir mediante amenazas y coacciones el ejercicio de un derecho elemental como es el de la defensa de la mejora de las condiciones de trabajo", han recalcado desde CC.OO.
También han añadido que "esto es más grave cuando las condiciones de trabajo que se defienden significan también una mejor atención a las personas residentes, y pasan, por ejemplo, porque se cubran las bajas y se cumplan escrupulosamente los pliegos de condiciones establecidos por la propia Consellería", han apuntado.
Según el organismo, "la coacción ha alcanzado sus niveles más altos con el despido de 8 trabajadoras, circunstancia que la propia empresa reconoce como improcedentes y que suceden al poco tiempo de que a dichas empleadas se les hubieran convertido sus contratos temporales en indefinidos", han afirmado desde la organización.
El sindicato ha recordado que "la puesta en marcha de la Residencia de La Pinaeta tuvo una larga historia de reivindicaciones ciudadanas y sindicales (CCOO y el Comité de Empresa de SIDMED) y de incumplimientos por parte de la Administración".
Asimismo han informado de que "la primera piedra fue colocada por el entonces conseller de Bienestar Social, Rafael Blasco el día 10 de enero de 2002, diez años después de que el Ayuntamiento de Sagunto cediera los terrenos".
Desde la organización se ha afirmado de que "las asociaciones ciudadanas y de familias afectadas que de una u otra forma estuvimos colaborando para que la Residencia fuera una realidad", después de que se inaugurara, a primeros de 2007.
Pero en contra de lo que se podría esperar inicialmente, "el centro está gestionado por una empresa privada que ha cometido los despidos. Circunstancia que nace a raíz de una política de privatización que hizo que su gestión fuera privada", han lamentado. Leer noticia en medio original
El sindicato de CC.OO. ha denunciado los despidos de varias trabajadoras en la Residencia de discapacitados psíquicos Nuestros Hijos en La Pinaeta de Puerto. La formación organizará una manifestación en la Residencia, durante el día de hoy, en señal de protesta contra esta actuación.
Según ha declarado la organización, "esta empresa está llevando a cabo una política de recursos humanos de corte autoritario, intentando apagar drásticamente cualquier indicio de reclamación, reivindicación o simple sugerencia de carácter laboral".
Además han continuado denunciando el hecho de que todavía "persistan empresas como ésta que tratan de impedir mediante amenazas y coacciones el ejercicio de un derecho elemental como es el de la defensa de la mejora de las condiciones de trabajo", han recalcado desde CC.OO.
También han añadido que "esto es más grave cuando las condiciones de trabajo que se defienden significan también una mejor atención a las personas residentes, y pasan, por ejemplo, porque se cubran las bajas y se cumplan escrupulosamente los pliegos de condiciones establecidos por la propia Consellería", han apuntado.
Según el organismo, "la coacción ha alcanzado sus niveles más altos con el despido de 8 trabajadoras, circunstancia que la propia empresa reconoce como improcedentes y que suceden al poco tiempo de que a dichas empleadas se les hubieran convertido sus contratos temporales en indefinidos", han afirmado desde la organización.
El sindicato ha recordado que "la puesta en marcha de la Residencia de La Pinaeta tuvo una larga historia de reivindicaciones ciudadanas y sindicales (CCOO y el Comité de Empresa de SIDMED) y de incumplimientos por parte de la Administración".
Asimismo han informado de que "la primera piedra fue colocada por el entonces conseller de Bienestar Social, Rafael Blasco el día 10 de enero de 2002, diez años después de que el Ayuntamiento de Sagunto cediera los terrenos".
Desde la organización se ha afirmado de que "las asociaciones ciudadanas y de familias afectadas que de una u otra forma estuvimos colaborando para que la Residencia fuera una realidad", después de que se inaugurara, a primeros de 2007.
Pero en contra de lo que se podría esperar inicialmente, "el centro está gestionado por una empresa privada que ha cometido los despidos. Circunstancia que nace a raíz de una política de privatización que hizo que su gestión fuera privada", han lamentado. Leer noticia en medio original
La convención de la ONU sobre personas discapacitadas entra en vigor
0 Comments Publicado por Jose el 5.5.08 a las 3:01:00 p. m..
http://www.cincodias.com 05-05-2008
La Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad entró en vigor el sábado, después de haber sido ratificada por una veintena de países. 'España lo ha impulsado desde el primer momento y supone un paso de gigante para el reconocimiento y el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad', según ha asegurado la ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, que ha animado a la empresa privada a seguir el ejemplo del sector público en la contratación de personas con discapacidad.
En este sentido Mercedes Cabrera ha enfatizado que 'el 7% de los empleados que se incorporan a la Administración General del Estado son personas con discapacidad plenamente competentes para desarrollar su trabajo y por tanto para contribuir como cualquier otro al desarrollo y al bienestar de todos. Esperamos que esto, que ya sucede en la Administración, suceda pronto en la empresa privada'.
Igualdad de condiciones
La Convención es el primer tratado internacional que reconoce los derechos de las personas con discapacidad y prevé las medidas, tanto de no discriminación como de acción positiva, que los Estados deberán implantar para garantizar a las personas con discapacidad el disfrute de sus derechos en igualdad de condiciones con las demás personas.
El tratado pretende asegurar a todas las personas con discapacidad su plena inclusión en la sociedad, para lo que se debe eliminar toda barrera o restricción material o mental que impiden su participación efectiva en la misma.
Acceso a la resolución de 18 de marzo de 2008
Acceso a la Convención internacional de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad en fácil lectura Leer noticia en medio original
La Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad entró en vigor el sábado, después de haber sido ratificada por una veintena de países. 'España lo ha impulsado desde el primer momento y supone un paso de gigante para el reconocimiento y el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad', según ha asegurado la ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, que ha animado a la empresa privada a seguir el ejemplo del sector público en la contratación de personas con discapacidad.
En este sentido Mercedes Cabrera ha enfatizado que 'el 7% de los empleados que se incorporan a la Administración General del Estado son personas con discapacidad plenamente competentes para desarrollar su trabajo y por tanto para contribuir como cualquier otro al desarrollo y al bienestar de todos. Esperamos que esto, que ya sucede en la Administración, suceda pronto en la empresa privada'.
Igualdad de condiciones
La Convención es el primer tratado internacional que reconoce los derechos de las personas con discapacidad y prevé las medidas, tanto de no discriminación como de acción positiva, que los Estados deberán implantar para garantizar a las personas con discapacidad el disfrute de sus derechos en igualdad de condiciones con las demás personas.
El tratado pretende asegurar a todas las personas con discapacidad su plena inclusión en la sociedad, para lo que se debe eliminar toda barrera o restricción material o mental que impiden su participación efectiva en la misma.
Acceso a la resolución de 18 de marzo de 2008
Acceso a la Convención internacional de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad en fácil lectura Leer noticia en medio original
La Inspección detecta 142 infracciones por incumplimiento de la cuota de reserva de los trabajadores con discapacidad
0 Comments Publicado por Jose el 5.1.08 a las 8:38:00 a. m..
MTAS, 3 diciembre 2007.
De un total de 2.088 actuaciones entre enero y septiembre
La Inspección detecta 142 infracciones por incumplimiento de la cuota de reserva de los trabajadores con discapacidad
Se refiere a la obligación de las empresas de incorporar un 2% de discapacitados en sus plantillas, cuando superen los 50 empleados
2 diciembre 2007. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social levantó acta de un total de 142 infracciones a la cuota de reserva de los trabajadores con discapacidad, establecida en la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI).
De acuerdo con dicho texto legal, las empresas con más de 50 empleados debían incorporar un 2% de discapacitados en sus plantillas, para garantizar unos mínimos de integración laboral en el mercado ordinario de trabajo a este colectivo.
Posteriores desarrollos reglamentarios, el último de ellos un Real Decreto de abril de 2005, regulaban el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de esta cuota de reserva, cuando concurrieran determinados supuestos, y las medidas alternativas que las empresas podían aplicar para cumplir la obligación de reserva de empleo para personas con discapacidad.
ACTUACIONES PERIÓDICAS
Para velar por el cumplimiento de la cuota de reserva, la Inspección de Trabajo realiza periódicamente actuaciones, bien específicas sobre la materia o bien dentro de sus actividades habituales, en el marco de los programas territoriales acordados con las autoridades laborales de las comunidades autónomas.
Durante el periodo enero-septiembre se llevaron a cabo 2.088 actuaciones en toda España, de las que, además de las 142 infracciones recogidas en acta, se efectuaron 445 requerimientos a las empresas para subsanar los incumplimientos detectados.
A lo largo de 2006, la Inspección realizó 4.347 actuaciones, de las que levantó acta por 963 infracciones y efectuó 572 requerimientos.
De haber cumplido la obligación de reserva de empleo, en 2006, las empresas inspeccionadas debían haber contado en sus plantillas con un total de 10.888 personas con discapacidad y entre enero y septiembre de 2007 serían 10.863.
Las sanciones impuestas por la Inspección por incumplimiento en esta materia ascendió a 569.698,40 euros el pasado año y a 252.964,9 en los nueve meses de 2007.
De un total de 2.088 actuaciones entre enero y septiembre
La Inspección detecta 142 infracciones por incumplimiento de la cuota de reserva de los trabajadores con discapacidad
Se refiere a la obligación de las empresas de incorporar un 2% de discapacitados en sus plantillas, cuando superen los 50 empleados
2 diciembre 2007. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social levantó acta de un total de 142 infracciones a la cuota de reserva de los trabajadores con discapacidad, establecida en la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI).
De acuerdo con dicho texto legal, las empresas con más de 50 empleados debían incorporar un 2% de discapacitados en sus plantillas, para garantizar unos mínimos de integración laboral en el mercado ordinario de trabajo a este colectivo.
Posteriores desarrollos reglamentarios, el último de ellos un Real Decreto de abril de 2005, regulaban el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de esta cuota de reserva, cuando concurrieran determinados supuestos, y las medidas alternativas que las empresas podían aplicar para cumplir la obligación de reserva de empleo para personas con discapacidad.
ACTUACIONES PERIÓDICAS
Para velar por el cumplimiento de la cuota de reserva, la Inspección de Trabajo realiza periódicamente actuaciones, bien específicas sobre la materia o bien dentro de sus actividades habituales, en el marco de los programas territoriales acordados con las autoridades laborales de las comunidades autónomas.
Durante el periodo enero-septiembre se llevaron a cabo 2.088 actuaciones en toda España, de las que, además de las 142 infracciones recogidas en acta, se efectuaron 445 requerimientos a las empresas para subsanar los incumplimientos detectados.
A lo largo de 2006, la Inspección realizó 4.347 actuaciones, de las que levantó acta por 963 infracciones y efectuó 572 requerimientos.
De haber cumplido la obligación de reserva de empleo, en 2006, las empresas inspeccionadas debían haber contado en sus plantillas con un total de 10.888 personas con discapacidad y entre enero y septiembre de 2007 serían 10.863.
Las sanciones impuestas por la Inspección por incumplimiento en esta materia ascendió a 569.698,40 euros el pasado año y a 252.964,9 en los nueve meses de 2007.
Etiquetas: cuota de reserva, lismi
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Al igual que sucede con diferentes fenómenos relacionados con la exclusión social (discriminación por sexo, raza, orientación sexual, nacionalidad...), la discapacidad nos muestra en qué parámetros se basa una sociedad para valorar la dignidad humana, esto es, qué personas son consideradas ciudadanas de pleno derecho, formal y real y quienes son relegadas, de hecho, a un segundo plano, a la invisibilidad.
Cada año, con ocasión del Día Internacional de las Personas con Discapacidad se nos recuerda con especial énfasis que la discapacidad es, más que una condición personal, el resultado de la interacción entre las personas con determinadas disfunciones físicas, psíquicas o sensoriales y las barreras del entorno que impiden su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. A veces las barreras se erigen por actitudes de incomprensión y de desidia. Así pues la discapacidad depende de la deficiencia, pero también del diseño del entorno. Los avisos acústicos en los semáforos, las rampas de las aceras, las campañas de sensibilización de los sindicatos, las cláusulas sociales en los convenios, las ayudas para adaptaciones de puesto de trabajo o los incentivos económicos para la contratación de personas con discapacidad son acciones y medidas que debieran multiplicarse para hacer efectiva la ley e incrementar el nivel de autonomía de determinadas personas.
Todos los días del año y especialmente cada 3 de diciembre, las personas con discapacidad reivindican su derecho a llevar una vida independiente. Probablemente sus logros se ven empañados por la escasez de datos que permitan establecer comparaciones y los pocos que hay nos indican que la Comunidad Valenciana es un territorio en el que se evidencian especialmente las barreras que estas personas tienen para acceder al empleo (eso se desprende de recientes sobre Discapacidad y Empresa), por ser una de las autonomías donde más se incumple la cuota de reserva prevista en la ley (LISMI) o que entre las causas que originan las disfunciones también se observan diferencias de género, pues los hombres suponen el 77,96 % de los casos en que la discapacidad tiene su origen en un accidente laboral o en una enfermedad profesional y por su parte, las mujeres representan el 74,22 % de los casos en que el origen de la discapacidad se debe a un accidente doméstico.
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Discapacidad y ciudadanía
La Gaceta de El Camp de Morvedre 30/11/2007
Cada año, con ocasión del Día Internacional de las Personas con Discapacidad se nos recuerda con especial énfasis que la discapacidad es, más que una condición personal, el resultado de la interacción entre las personas con determinadas disfunciones físicas, psíquicas o sensoriales y las barreras del entorno que impiden su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. A veces las barreras se erigen por actitudes de incomprensión y de desidia. Así pues la discapacidad depende de la deficiencia, pero también del diseño del entorno. Los avisos acústicos en los semáforos, las rampas de las aceras, las campañas de sensibilización de los sindicatos, las cláusulas sociales en los convenios, las ayudas para adaptaciones de puesto de trabajo o los incentivos económicos para la contratación de personas con discapacidad son acciones y medidas que debieran multiplicarse para hacer efectiva la ley e incrementar el nivel de autonomía de determinadas personas.
Todos los días del año y especialmente cada 3 de diciembre, las personas con discapacidad reivindican su derecho a llevar una vida independiente. Probablemente sus logros se ven empañados por la escasez de datos que permitan establecer comparaciones y los pocos que hay nos indican que la Comunidad Valenciana es un territorio en el que se evidencian especialmente las barreras que estas personas tienen para acceder al empleo (eso se desprende de recientes sobre Discapacidad y Empresa), por ser una de las autonomías donde más se incumple la cuota de reserva prevista en la ley (LISMI) o que entre las causas que originan las disfunciones también se observan diferencias de género, pues los hombres suponen el 77,96 % de los casos en que la discapacidad tiene su origen en un accidente laboral o en una enfermedad profesional y por su parte, las mujeres representan el 74,22 % de los casos en que el origen de la discapacidad se debe a un accidente doméstico.
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Discapacidad y ciudadanía
La Gaceta de El Camp de Morvedre 30/11/2007
Etiquetas: cuota de reserva, lismi
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