Diversidad

La OCDE recomienda a España reducir el nivel de paro de las personas con discapacidad
Plantea profundizar las reformas para que sea más atractivo tener un trabajo que percibir un subsidio

PARIS, 18 Dic. (EUROPA PRESS)-

España debería profundizar en sus reformas para reducir el nivel de paro de las personas con discapacidad, según un informe dado a conocer hoy por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que analiza las políticas de enfermedad e invalidez en España, Australia, Luxemburgo y Reino Unido.

El organismo pide a los gobiernos adoptar una serie de medidas para reducir el número de solicitantes de prestaciones sociales por invalidez y enfermedad y ayudarles a reincorporarse al mercado laboral. En el documento titulado 'Enfermedad, invalidez y trabajo: superar los obstáculos', la OCDE constata que los países miembros gastan dos veces más en prestaciones por enfermedad e invalidez que en subvenciones por desempleo.

En el caso concreto de España, pone de relieve que no se abusa de las prestaciones por invalidez porque la tasa de reclamaciones se ha mantenido estable durante los últimos 15 años en un 3,5%, es decir, por debajo de la media de la OCDE que se sitúa en el 6%.

Señala igualmente que, si bien la tasa de paro ha pasado del 20% registrado a mitad de los noventa a un 9,2% en 2005, ello no se ha traducido en un incremento de las solicitudes de invalidez.

Sin embargo, la OCDE subraya que el nivel de personas con invalidez permanece invariablemente en el 15% y que sólo el 35% de los discapacitados tiene un empleo, algo que achaca a la baja motivación laboral, una extendida estigmatización sobre la habilidad laboral de los discapacitados y la escasa eficacia de los reglamentos laborales y de las ayudas.

"Sólo muy recientemente el aumento global del empleo, debido a un crecimiento económico anual del 3%, ha comenzado a afectar también al nivel de empleo de los discapacitados", agrega el informe.

Así, entiende que la cuestión clave para España es reducir el paro e incrementar el empleo de personas con alguna discapacidad.

Para recoger los frutos de la nueva política basada en la no discriminación y el acceso universal al mercado de trabajo puesta en marcha por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la OCDE hace, por tanto, tres observaciones.

UN SISTEMA "DEMASIADO COMPLEJO"

La primera, que los discapacitados no acceden fácilmente a los programas de empleo porque el sistema es "demasiado complejo" debido a la descentralización competencial que afecta a los servicios públicos de empleo y al Instituto de la Seguridad Social.

"El actual enfoque no ha ayudado lo suficiente a las personas con discapacidad a lograr un trabajo y tiene que revisarse poniendo el énfasis en la rehabilitación vocacional y la formación", dice. Señala también que las instituciones responsables de empleo y formación tienen que llevar a cabo una "mejor cooperación y racionalizar sus responsabilidades".

En segundo lugar, sostiene que, aunque la legislación laboral española contempla una serie de obligaciones para que los empleadores cumplan con los criterios de no discriminación, éstas no son lo suficientemente vinculantes.

Por ello, recomienda que las políticas sobre contratación de discapacitados se refuercen en los convenios colectivos y que los empresarios sean sancionados si no cumplen lo pactado. "Los empleadores deben asumir alguna responsabilidad financiera para prevenir la enfermedad y retener a sus trabajadores", señala el texto.

En tercer y último lugar, la OCDE plantea ajustar algunos elementos del sistema de prestación social por discapacidad a la realidad médica, económica y laboral de hoy en día. "Conceder beneficios a los discapacitados que no vuelven a sus antiguos trabajos es una política obsoleta en un mundo donde aumenta la fuerza de trabajo móvil y bien formada", reseña.

De hecho, argumenta que un complemento salarial del 20% para una incapacidad parcial en el caso de un desempleado de 55 años es un "fuerte incentivo" para no buscar trabajo y que una alternativa mejor sería dar más apoyos al empleo para este grupo de trabajadores.

CONSOLIDAR EL SISTEMA FISCAL

En en conjunto de los cuatro países analizados, el informe indica que la mayoría de las personas que comienzan a pedir una prestación por incapacidad o enfermedad no volverán a trabajar nunca, a pesar de que, con una formación adecuada y el asesoramiento correspondiente, muchas de ellas preferirían tener un trabajo y ganar un sueldo.

Además, la OCDE cree que su contribución a la vida económica es indispensable para consolidar los sistemas fiscales y los sistemas públicos de protección social.

De hecho, recuerda que el gasto público por enfermedad e invalidez representó en 2005 aproximadamente el 22,5% del PIB de los cuatro países estudiados y en los cuatro son también más las personas que piden esta baja cuando la tasa de paro es alta, pero siguen solicitándola cuando la situación del mercado laboral mejora.

Para romper este ciclo, los poderes públicos deberían, según la OCDE, reformar de manera simultánea los sistemas de prestación social por invalidez y los del paro.

Por ello, la OCDE recomienda desarrollar las ayudas al empleo, a la readaptación y la recolocación. En los cuatro casos estudiados se considera necesario profundizar las reformas para que sea siempre más atractivo, desde el punto de vista financiero, tener un trabajo que percibir un subsidio.

Etiquetas: cuota de reserva