Diversidad

Este espacio ha sido creado para reflexionar y compartir conocimientos sobre la situación de las personas con diversidad y las iniciativas y estrategias de inclusión social de este colectivo


MTAS, 3 diciembre 2007.

De un total de 2.088 actuaciones entre enero y septiembre

La Inspección detecta 142 infracciones por incumplimiento de la cuota de reserva de los trabajadores con discapacidad

􀂃 Se refiere a la obligación de las empresas de incorporar un 2% de discapacitados en sus plantillas, cuando superen los 50 empleados

2 diciembre 2007. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social levantó acta de un total de 142 infracciones a la cuota de reserva de los trabajadores con discapacidad, establecida en la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI).
De acuerdo con dicho texto legal, las empresas con más de 50 empleados debían incorporar un 2% de discapacitados en sus plantillas, para garantizar unos mínimos de integración laboral en el mercado ordinario de trabajo a este colectivo.

Posteriores desarrollos reglamentarios, el último de ellos un Real Decreto de abril de 2005, regulaban el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de esta cuota de reserva, cuando concurrieran determinados supuestos, y las medidas alternativas que las empresas podían aplicar para cumplir la obligación de reserva de empleo para personas con discapacidad.

ACTUACIONES PERIÓDICAS

Para velar por el cumplimiento de la cuota de reserva, la Inspección de Trabajo realiza periódicamente actuaciones, bien específicas sobre la materia o bien dentro de sus actividades habituales, en el marco de los programas territoriales acordados con las autoridades laborales de las comunidades autónomas.

Durante el periodo enero-septiembre se llevaron a cabo 2.088 actuaciones en toda España, de las que, además de las 142 infracciones recogidas en acta, se efectuaron 445 requerimientos a las empresas para subsanar los incumplimientos detectados.

A lo largo de 2006, la Inspección realizó 4.347 actuaciones, de las que levantó acta por 963 infracciones y efectuó 572 requerimientos.

De haber cumplido la obligación de reserva de empleo, en 2006, las empresas inspeccionadas debían haber contado en sus plantillas con un total de 10.888 personas con discapacidad y entre enero y septiembre de 2007 serían 10.863.
Las sanciones impuestas por la Inspección por incumplimiento en esta materia ascendió a 569.698,40 euros el pasado año y a 252.964,9 en los nueve meses de 2007.

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Discapacidad y ciudadanía

Al igual que sucede con diferentes fenómenos relacionados con la exclusión social (discriminación por sexo, raza, orientación sexual, nacionalidad...), la discapacidad nos muestra en qué parámetros se basa una sociedad para valorar la dignidad humana, esto es, qué personas son consideradas ciudadanas de pleno derecho, formal y real y quienes son relegadas, de hecho, a un segundo plano, a la invisibilidad.


Cada año, con ocasión del Día Internacional de las Personas con Discapacidad se nos recuerda con especial énfasis que la discapacidad es, más que una condición personal, el resultado de la interacción entre las personas con determinadas disfunciones físicas, psíquicas o sensoriales y las barreras del entorno que impiden su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. A veces las barreras se erigen por actitudes de incomprensión y de desidia. Así pues la discapacidad depende de la deficiencia, pero también del diseño del entorno. Los avisos acústicos en los semáforos, las rampas de las aceras, las campañas de sensibilización de los sindicatos, las cláusulas sociales en los convenios, las ayudas para adaptaciones de puesto de trabajo o los incentivos económicos para la contratación de personas con discapacidad son acciones y medidas que debieran multiplicarse para hacer efectiva la ley e incrementar el nivel de autonomía de determinadas personas.

Todos los días del año y especialmente cada 3 de diciembre, las personas con discapacidad reivindican su derecho a llevar una vida independiente. Probablemente sus logros se ven empañados por la escasez de datos que permitan establecer comparaciones y los pocos que hay nos indican que la Comunidad Valenciana es un territorio en el que se evidencian especialmente las barreras que estas personas tienen para acceder al empleo (eso se desprende de recientes sobre Discapacidad y Empresa), por ser una de las autonomías donde más se incumple la cuota de reserva prevista en la ley (LISMI) o que entre las causas que originan las disfunciones también se observan diferencias de género, pues los hombres suponen el 77,96 % de los casos en que la discapacidad tiene su origen en un accidente laboral o en una enfermedad profesional y por su parte, las mujeres representan el 74,22 % de los casos en que el origen de la discapacidad se debe a un accidente doméstico.

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Discapacidad y ciudadanía
La Gaceta de El Camp de Morvedre 30/11/2007

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La OCDE recomienda a España reducir el nivel de paro de las personas con discapacidad
Plantea profundizar las reformas para que sea más atractivo tener un trabajo que percibir un subsidio


PARIS, 18 Dic. (EUROPA PRESS)-

España debería profundizar en sus reformas para reducir el nivel de paro de las personas con discapacidad, según un informe dado a conocer hoy por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que analiza las políticas de enfermedad e invalidez en España, Australia, Luxemburgo y Reino Unido.

El organismo pide a los gobiernos adoptar una serie de medidas para reducir el número de solicitantes de prestaciones sociales por invalidez y enfermedad y ayudarles a reincorporarse al mercado laboral. En el documento titulado 'Enfermedad, invalidez y trabajo: superar los obstáculos', la OCDE constata que los países miembros gastan dos veces más en prestaciones por enfermedad e invalidez que en subvenciones por desempleo.

En el caso concreto de España, pone de relieve que no se abusa de las prestaciones por invalidez porque la tasa de reclamaciones se ha mantenido estable durante los últimos 15 años en un 3,5%, es decir, por debajo de la media de la OCDE que se sitúa en el 6%.

Señala igualmente que, si bien la tasa de paro ha pasado del 20% registrado a mitad de los noventa a un 9,2% en 2005, ello no se ha traducido en un incremento de las solicitudes de invalidez.

Sin embargo, la OCDE subraya que el nivel de personas con invalidez permanece invariablemente en el 15% y que sólo el 35% de los discapacitados tiene un empleo, algo que achaca a la baja motivación laboral, una extendida estigmatización sobre la habilidad laboral de los discapacitados y la escasa eficacia de los reglamentos laborales y de las ayudas.

"Sólo muy recientemente el aumento global del empleo, debido a un crecimiento económico anual del 3%, ha comenzado a afectar también al nivel de empleo de los discapacitados", agrega el informe.

Así, entiende que la cuestión clave para España es reducir el paro e incrementar el empleo de personas con alguna discapacidad.

Para recoger los frutos de la nueva política basada en la no discriminación y el acceso universal al mercado de trabajo puesta en marcha por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la OCDE hace, por tanto, tres observaciones.

UN SISTEMA "DEMASIADO COMPLEJO"

La primera, que los discapacitados no acceden fácilmente a los programas de empleo porque el sistema es "demasiado complejo" debido a la descentralización competencial que afecta a los servicios públicos de empleo y al Instituto de la Seguridad Social.

"El actual enfoque no ha ayudado lo suficiente a las personas con discapacidad a lograr un trabajo y tiene que revisarse poniendo el énfasis en la rehabilitación vocacional y la formación", dice. Señala también que las instituciones responsables de empleo y formación tienen que llevar a cabo una "mejor cooperación y racionalizar sus responsabilidades".

En segundo lugar, sostiene que, aunque la legislación laboral española contempla una serie de obligaciones para que los empleadores cumplan con los criterios de no discriminación, éstas no son lo suficientemente vinculantes.

Por ello, recomienda que las políticas sobre contratación de discapacitados se refuercen en los convenios colectivos y que los empresarios sean sancionados si no cumplen lo pactado. "Los empleadores deben asumir alguna responsabilidad financiera para prevenir la enfermedad y retener a sus trabajadores", señala el texto.

En tercer y último lugar, la OCDE plantea ajustar algunos elementos del sistema de prestación social por discapacidad a la realidad médica, económica y laboral de hoy en día. "Conceder beneficios a los discapacitados que no vuelven a sus antiguos trabajos es una política obsoleta en un mundo donde aumenta la fuerza de trabajo móvil y bien formada", reseña.

De hecho, argumenta que un complemento salarial del 20% para una incapacidad parcial en el caso de un desempleado de 55 años es un "fuerte incentivo" para no buscar trabajo y que una alternativa mejor sería dar más apoyos al empleo para este grupo de trabajadores.

CONSOLIDAR EL SISTEMA FISCAL

En en conjunto de los cuatro países analizados, el informe indica que la mayoría de las personas que comienzan a pedir una prestación por incapacidad o enfermedad no volverán a trabajar nunca, a pesar de que, con una formación adecuada y el asesoramiento correspondiente, muchas de ellas preferirían tener un trabajo y ganar un sueldo.

Además, la OCDE cree que su contribución a la vida económica es indispensable para consolidar los sistemas fiscales y los sistemas públicos de protección social.

De hecho, recuerda que el gasto público por enfermedad e invalidez representó en 2005 aproximadamente el 22,5% del PIB de los cuatro países estudiados y en los cuatro son también más las personas que piden esta baja cuando la tasa de paro es alta, pero siguen solicitándola cuando la situación del mercado laboral mejora.

Para romper este ciclo, los poderes públicos deberían, según la OCDE, reformar de manera simultánea los sistemas de prestación social por invalidez y los del paro.

Por ello, la OCDE recomienda desarrollar las ayudas al empleo, a la readaptación y la recolocación. En los cuatro casos estudiados se considera necesario profundizar las reformas para que sea siempre más atractivo, desde el punto de vista financiero, tener un trabajo que percibir un subsidio.

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El 28,5 por ciento de las personas con algún tipo de discapacidad ocupa un puesto de trabajo


MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sólo el 7 por ciento de las empresas cumplen la Ley de integración social de minusválidos (LISMI), vigente desde 1982 y que obliga a las empresas con más de 50 trabajadores a reservar el 2 por ciento de su plantilla a personas con algún tipo de discapacidad, según el I Informe Equipara del Observatorio para la inserción laboral de personas con discapacidad que presentó hoy el presidente de la Fundación Equipara, José Ignacio Rivero, que también apuntó la necesidad de que los políticos se impliquen para se cumpla la ley y se haga efectiva la integración de los discapacitados.

Además, el presidente afirmó que el 28,5 por ciento de las personas con algún tipo de discapacidad ocupa un puesto de trabajo frente al 62,4 por ciento de las que no la padecen aunque "todos tenemos alguna discapacidad" "porque siempre hay cosas que nos cuesta mucho hacer bien". Asimismo recalcó que aunque hay personas en las que "una sola discapacidad es muy grande", eso no les impide desarrollar otras actividades.

En este sentido, explicó que "la integración de estas personas tendría mucho valor en la economía", ya que pasarían a ser sujetos activos y apuntó que, por un lado, las empresas tienen miedo a contratar discapacitados, y por otro, los discapacitados no acuden a muchas entrevistas de trabajo porque no se sienten preparados.

Por este motivo, Rivero abogó por una educación eficaz que permita que estas personas puedan desarrollar una profesión. Asimismo, apuntó la posibilidad de que las Universidades creen bolsas de trabajo específicas para los discapacitados.

Otro de los datos que muestra el estudio es que mientras que el 76 por ciento de los empresarios no contrata a personas con algún tipo de dificultad alegando que les resulta difícil encontrar una persona válida para ese puesto de trabajo, el 77 por ciento de los empresarios que tienen contratada a personas con alguna discapacidad afirman que responden igual que el resto de sus trabajadores.

Las Comunidades Autónomas que tienen un mejor cumplimiento de la LISMI son Murcia, con un cumplimiento del 40 por ciento y la Rioja (34 por ciento). En el lado opuesto se encuentran Canarias, con un 6 por ciento y Extremadura y Madrid con un 8 por ciento.

Según el presidente, Equipara, dirigida a Europa y América (especialmente América Latina) nace con el objetivo de impulsar la conciencia de igualdad de oportunidades en el acceso y desarrollo profesional de las personas con discapacidad a través de investigaciones y análisis del mercado y difundiendo, al mismo tiempo, instrumentos eficaces de integración laboral.

Además, la Fundación celebrará un congreso anual con el que se pretende conocer el panorama de la integración laboral, sobre todo en América, comparar las legislaciones de los diversos países y avanzar en buenas prácticas.

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