Al igual que sucede con diferentes fenómenos relacionados con la exclusión social (discriminación por sexo, raza, orientación sexual, nacionalidad...), la discapacidad nos muestra en qué parámetros se basa una sociedad para valorar la dignidad humana, esto es, qué personas son consideradas ciudadanas de pleno derecho, formal y real y quienes son relegadas, de hecho, a un segundo plano, a la invisibilidad.
Cada año, con ocasión del Día Internacional de las Personas con Discapacidad se nos recuerda con especial énfasis que la discapacidad es, más que una condición personal, el resultado de la interacción entre las personas con determinadas disfunciones físicas, psíquicas o sensoriales y las barreras del entorno que impiden su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. A veces las barreras se erigen por actitudes de incomprensión y de desidia. Así pues la discapacidad depende de la deficiencia, pero también del diseño del entorno. Los avisos acústicos en los semáforos, las rampas de las aceras, las campañas de sensibilización de los sindicatos, las cláusulas sociales en los convenios, las ayudas para adaptaciones de puesto de trabajo o los incentivos económicos para la contratación de personas con discapacidad son acciones y medidas que debieran multiplicarse para hacer efectiva la ley e incrementar el nivel de autonomía de determinadas personas.
Todos los días del año y especialmente cada 3 de diciembre, las personas con discapacidad reivindican su derecho a llevar una vida independiente. Probablemente sus logros se ven empañados por la escasez de datos que permitan establecer comparaciones y los pocos que hay nos indican que la Comunidad Valenciana es un territorio en el que se evidencian especialmente las barreras que estas personas tienen para acceder al empleo (eso se desprende de recientes sobre Discapacidad y Empresa), por ser una de las autonomías donde más se incumple la cuota de reserva prevista en la ley (LISMI) o que entre las causas que originan las disfunciones también se observan diferencias de género, pues los hombres suponen el 77,96 % de los casos en que la discapacidad tiene su origen en un accidente laboral o en una enfermedad profesional y por su parte, las mujeres representan el 74,22 % de los casos en que el origen de la discapacidad se debe a un accidente doméstico.
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Discapacidad y ciudadanía
La Gaceta de El Camp de Morvedre 30/11/2007
Cada año, con ocasión del Día Internacional de las Personas con Discapacidad se nos recuerda con especial énfasis que la discapacidad es, más que una condición personal, el resultado de la interacción entre las personas con determinadas disfunciones físicas, psíquicas o sensoriales y las barreras del entorno que impiden su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. A veces las barreras se erigen por actitudes de incomprensión y de desidia. Así pues la discapacidad depende de la deficiencia, pero también del diseño del entorno. Los avisos acústicos en los semáforos, las rampas de las aceras, las campañas de sensibilización de los sindicatos, las cláusulas sociales en los convenios, las ayudas para adaptaciones de puesto de trabajo o los incentivos económicos para la contratación de personas con discapacidad son acciones y medidas que debieran multiplicarse para hacer efectiva la ley e incrementar el nivel de autonomía de determinadas personas.
Todos los días del año y especialmente cada 3 de diciembre, las personas con discapacidad reivindican su derecho a llevar una vida independiente. Probablemente sus logros se ven empañados por la escasez de datos que permitan establecer comparaciones y los pocos que hay nos indican que la Comunidad Valenciana es un territorio en el que se evidencian especialmente las barreras que estas personas tienen para acceder al empleo (eso se desprende de recientes sobre Discapacidad y Empresa), por ser una de las autonomías donde más se incumple la cuota de reserva prevista en la ley (LISMI) o que entre las causas que originan las disfunciones también se observan diferencias de género, pues los hombres suponen el 77,96 % de los casos en que la discapacidad tiene su origen en un accidente laboral o en una enfermedad profesional y por su parte, las mujeres representan el 74,22 % de los casos en que el origen de la discapacidad se debe a un accidente doméstico.
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Discapacidad y ciudadanía
La Gaceta de El Camp de Morvedre 30/11/2007
Etiquetas: cuota de reserva, lismi
Leer noticia en medio originalEl Senado da luz verde a la ley que sanciona con hasta un millón de euros a empresas que discriminen a discapacitados
0 Comments Publicado por Jose el 19.12.07 a las 5:47:00 p. m..
MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Senado aprobó hoy por unanimidad el proyecto de ley que establece sanciones de hasta un millón de euros a las empresas que discriminen a las personas discapacitadas.
La norma ha sido aprobada definitivamente con el apoyo de todos los grupos y entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el BOE. El proyecto de ley considera infracciones el incumplimiento de las exigencias de accesibilidad las que están sometidas las instituciones, así como las discriminaciones directas o indirectas y los acosos.
Igualmente, el texto fija sanciones a las empresas que no realicen los "ajustes razonables" que demanden sus trabajadores dependientes y a las que no pongan en marcha las medidas de acción positiva legalmente establecidas, especialmente cuando se deriven beneficios económicos para el infractor.
Las infracciones podrán ser leves, graves o muy graves y conllevarán multas que oscilarán entre un mínimo de 301 euros y un máximo de un millón de euros. Los criterios en la graduación de las sanciones serán la intencionalidad del sujeto infractor, la negligencia, el fraude, el incumplimiento de las advertencias previas, los ingresos de la empresa, la reincidencia y el número de personas afectadas.
Además, el texto señala que cuando las infracciones sean muy graves los órganos competentes podrán proponer, además de la sanción que proceda, la supresión total o parcial de las ayudas oficiales que reciba la compañía.
Este proyecto de ley regula el régimen de sanciones ante las infracciones que cometan las organizaciones que vulneren la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad.
Según lo establecido en el proyecto, el Gobierno, durante los cuatro años posteriores a la entrada en vigor de esta ley, deberá presentar un informe anual a las Cortes sobre las actuaciones realizadas para aplicar la norma. Este documento deberá también reflejar las infracciones cometidas y las sanciones impuestas en ese año.
Todos los grupos del Senado destacaron el "buen clima de trabajo" que se ha dado en la comisión y subrayaron el "consenso" que existe entre las formaciones políticas cuando se abordan temas relacionados con la discapacidad.
La Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Senado aprobó hoy por unanimidad el proyecto de ley que establece sanciones de hasta un millón de euros a las empresas que discriminen a las personas discapacitadas.
La norma ha sido aprobada definitivamente con el apoyo de todos los grupos y entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el BOE. El proyecto de ley considera infracciones el incumplimiento de las exigencias de accesibilidad las que están sometidas las instituciones, así como las discriminaciones directas o indirectas y los acosos.
Igualmente, el texto fija sanciones a las empresas que no realicen los "ajustes razonables" que demanden sus trabajadores dependientes y a las que no pongan en marcha las medidas de acción positiva legalmente establecidas, especialmente cuando se deriven beneficios económicos para el infractor.
Las infracciones podrán ser leves, graves o muy graves y conllevarán multas que oscilarán entre un mínimo de 301 euros y un máximo de un millón de euros. Los criterios en la graduación de las sanciones serán la intencionalidad del sujeto infractor, la negligencia, el fraude, el incumplimiento de las advertencias previas, los ingresos de la empresa, la reincidencia y el número de personas afectadas.
Además, el texto señala que cuando las infracciones sean muy graves los órganos competentes podrán proponer, además de la sanción que proceda, la supresión total o parcial de las ayudas oficiales que reciba la compañía.
Este proyecto de ley regula el régimen de sanciones ante las infracciones que cometan las organizaciones que vulneren la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad.
Según lo establecido en el proyecto, el Gobierno, durante los cuatro años posteriores a la entrada en vigor de esta ley, deberá presentar un informe anual a las Cortes sobre las actuaciones realizadas para aplicar la norma. Este documento deberá también reflejar las infracciones cometidas y las sanciones impuestas en ese año.
Todos los grupos del Senado destacaron el "buen clima de trabajo" que se ha dado en la comisión y subrayaron el "consenso" que existe entre las formaciones políticas cuando se abordan temas relacionados con la discapacidad.
La OCDE recomienda a España reducir el nivel de paro de las personas con discapacidad
0 Comments Publicado por Jose el a las 5:16:00 p. m..
La OCDE recomienda a España reducir el nivel de paro de las personas con discapacidad
Plantea profundizar las reformas para que sea más atractivo tener un trabajo que percibir un subsidio
PARIS, 18 Dic. (EUROPA PRESS)-
España debería profundizar en sus reformas para reducir el nivel de paro de las personas con discapacidad, según un informe dado a conocer hoy por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que analiza las políticas de enfermedad e invalidez en España, Australia, Luxemburgo y Reino Unido.
El organismo pide a los gobiernos adoptar una serie de medidas para reducir el número de solicitantes de prestaciones sociales por invalidez y enfermedad y ayudarles a reincorporarse al mercado laboral. En el documento titulado 'Enfermedad, invalidez y trabajo: superar los obstáculos', la OCDE constata que los países miembros gastan dos veces más en prestaciones por enfermedad e invalidez que en subvenciones por desempleo.
En el caso concreto de España, pone de relieve que no se abusa de las prestaciones por invalidez porque la tasa de reclamaciones se ha mantenido estable durante los últimos 15 años en un 3,5%, es decir, por debajo de la media de la OCDE que se sitúa en el 6%.
Señala igualmente que, si bien la tasa de paro ha pasado del 20% registrado a mitad de los noventa a un 9,2% en 2005, ello no se ha traducido en un incremento de las solicitudes de invalidez.
Sin embargo, la OCDE subraya que el nivel de personas con invalidez permanece invariablemente en el 15% y que sólo el 35% de los discapacitados tiene un empleo, algo que achaca a la baja motivación laboral, una extendida estigmatización sobre la habilidad laboral de los discapacitados y la escasa eficacia de los reglamentos laborales y de las ayudas.
"Sólo muy recientemente el aumento global del empleo, debido a un crecimiento económico anual del 3%, ha comenzado a afectar también al nivel de empleo de los discapacitados", agrega el informe.
Así, entiende que la cuestión clave para España es reducir el paro e incrementar el empleo de personas con alguna discapacidad.
Para recoger los frutos de la nueva política basada en la no discriminación y el acceso universal al mercado de trabajo puesta en marcha por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la OCDE hace, por tanto, tres observaciones.
UN SISTEMA "DEMASIADO COMPLEJO"
La primera, que los discapacitados no acceden fácilmente a los programas de empleo porque el sistema es "demasiado complejo" debido a la descentralización competencial que afecta a los servicios públicos de empleo y al Instituto de la Seguridad Social.
"El actual enfoque no ha ayudado lo suficiente a las personas con discapacidad a lograr un trabajo y tiene que revisarse poniendo el énfasis en la rehabilitación vocacional y la formación", dice. Señala también que las instituciones responsables de empleo y formación tienen que llevar a cabo una "mejor cooperación y racionalizar sus responsabilidades".
En segundo lugar, sostiene que, aunque la legislación laboral española contempla una serie de obligaciones para que los empleadores cumplan con los criterios de no discriminación, éstas no son lo suficientemente vinculantes.
Por ello, recomienda que las políticas sobre contratación de discapacitados se refuercen en los convenios colectivos y que los empresarios sean sancionados si no cumplen lo pactado. "Los empleadores deben asumir alguna responsabilidad financiera para prevenir la enfermedad y retener a sus trabajadores", señala el texto.
En tercer y último lugar, la OCDE plantea ajustar algunos elementos del sistema de prestación social por discapacidad a la realidad médica, económica y laboral de hoy en día. "Conceder beneficios a los discapacitados que no vuelven a sus antiguos trabajos es una política obsoleta en un mundo donde aumenta la fuerza de trabajo móvil y bien formada", reseña.
De hecho, argumenta que un complemento salarial del 20% para una incapacidad parcial en el caso de un desempleado de 55 años es un "fuerte incentivo" para no buscar trabajo y que una alternativa mejor sería dar más apoyos al empleo para este grupo de trabajadores.
CONSOLIDAR EL SISTEMA FISCAL
En en conjunto de los cuatro países analizados, el informe indica que la mayoría de las personas que comienzan a pedir una prestación por incapacidad o enfermedad no volverán a trabajar nunca, a pesar de que, con una formación adecuada y el asesoramiento correspondiente, muchas de ellas preferirían tener un trabajo y ganar un sueldo.
Además, la OCDE cree que su contribución a la vida económica es indispensable para consolidar los sistemas fiscales y los sistemas públicos de protección social.
De hecho, recuerda que el gasto público por enfermedad e invalidez representó en 2005 aproximadamente el 22,5% del PIB de los cuatro países estudiados y en los cuatro son también más las personas que piden esta baja cuando la tasa de paro es alta, pero siguen solicitándola cuando la situación del mercado laboral mejora.
Para romper este ciclo, los poderes públicos deberían, según la OCDE, reformar de manera simultánea los sistemas de prestación social por invalidez y los del paro.
Por ello, la OCDE recomienda desarrollar las ayudas al empleo, a la readaptación y la recolocación. En los cuatro casos estudiados se considera necesario profundizar las reformas para que sea siempre más atractivo, desde el punto de vista financiero, tener un trabajo que percibir un subsidio.
Etiquetas: cuota de reserva
